A través de dos resoluciones, la DNCP rechazó la lluvia de impugnaciones a la adjudicación del MOPC para las obras de la “Ruta de la Soberanía”. Las protestas y denuncias se centraron en uno de los lotes que se otorgó a la empresa Calzada Construcciones SA, firma mexicana denunciada y sancionada en Perú por falsificación.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, rechazó todas las impugnaciones que se presentaron en contra de la primera adjudicación que concretó el , para el asfaltado de la ruta PY17, conocida también como “ruta de la soberanía”, que abarca los departamentos de Amambay y Canindeyú.
La adjudicación en cuestión de la ministra Claudia Centurión es para el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pyta - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107), que se otorgó en cuatro lotes por G. 1.453.530 millones (US$ 199,1 millones al cambio actual).
En este sentido, la DNCP recibió una denuncia anónima y tres protestas, las cuáles se centraron principalmente en denunciar que uno de los tramos, concretamente el lote 3, se adjudicó a la firma mexicana Calzada Construcciones SA, por G. 384.595 millones, pese a que esta compañía fue sancionada en Perú “por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta”, en una contratación de dicho país.
La primera resolución de Encina (Nº 1727), con fecha del 1 de julio último, cerró una investigación de oficio que la institución inició tras una denuncia anónima que recibió. En este documento Contrataciones Públicas avaló todas las justificaciones que brindó el MOPC, institución que alegó que no podía descalificar a la citada firma por un castigo que recibió en el extranjero, pues para ello debía estar sancionado a nivel local o por una institución financiera internacional, según las políticas de Fonplata, financista de la obra.
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