Por eso, no es suficiente que el Presidente del Poder Ejecutivo declare la intolerancia a la corrupción. Debe simultáneamente declarársela a la impunidad también.
VAN DE LA MANO. Ambas falencias graves, tanto la corrupción como la impunidad, tienen lugar no solo en el Poder Ejecutivo. También en los demás Poderes del Estado y en otras dependencias del sector público, frecuentemente con participación dolosa del sector privado así como con la paciencia y la mirada tolerante de la sociedad civil. Estas últimas están empezando a agotarse.
El que la impunidad siga siendo predominante se debe a que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos, así como las demás instancias establecidas por la Constitución Nacional para los controles correspondientes, no están cumpliendo cabalmente con uno de sus principales objetivos que consiste precisamente en la erradicación de corrupción e impunidad.
Esto no será posible mientras estas instancias constitucionales no sean independientes de los partidos políticos, de los grupos económicos de presión así como de los demás intereses creados.
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