La Fiscalía acusó y pidió que vaya a juicio oral la funcionaria judicial Antonia Galeano, quien habría solicitado dinero a la familia de un procesado para que este pueda salir de prisión. “Primero el dinero y después la libertad, la jueza me dice que me va a ayudar”, se le escucha decir en un audio…
Fue la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle la que acusó a Antonia Galeano por el hecho punible de tráfico de influencias. La sospecha en su contra es que desde abril de este año, la funcionaria habría solicitado G. 7 millones a la familia de Marcelo Peña Mancuello, quien estaba en prisión, para que obtuviera arresto domiciliario.
El papá del procesado denunció los pedidos de dinero, comentando que el 21 de abril de 2026 ya entregó la mitad del dinero que le solicitaban, que consistía en G. 3 millones, y el resto debía dar después. La entrega se hizo en una bolsa con la inscripción de “Feliz Cumpleaños”.
Después de un tiempo, Antonia habría sumado G. 1 millón para los funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) que debían sacar un informe favorable para que Marcelo Peña fuera a casa con la tobillera.
Aparentemente, fue la misma Antonia la que se puso en contacto con la familia, siendo ella solo funcionaria de la Sección de Estadística del Poder Judicial de San Lorenzo. Las conversaciones con el papá comenzaron el 14 de abril, en la casa de ella, cuando se ofreció a intermediar ante personas del Juzgado por el arresto domiciliario.
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