Recordemos que cuando apenas Santiago Peña asumía la Presidencia, una de sus primeras obras de gobierno fue la modificación, o mejor dicho, la mutilación de la Ley de Conflicto de Intereses que fuera promulgada por su antecesor Mario Abdo Benítez apenas un año antes. Entre otras cosas, Por Ley 7236, se modificaron varios artículos de la Ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”. Entre esas modificaciones, Santiago Peña eliminó la indicación de que en caso de incumplimiento de la Ley será considerado “mal desempeño de funciones” y por ende causal de juicio político. Es decir, a pocos meses de asumir el cargo, el actual jefe de Estado se había asegurado de que, en caso de cometer algún hecho calificado por la Ley como conflicto de intereses, éste no sería considerado como causal de mal desempeño en sus funciones.
Recordemos que cuando apenas Santiago Peña asumía la Presidencia, una de sus primeras obras de gobierno fue la modificación o, mejor dicho, la mutilación de la Ley de Conflicto de Intereses que fuera promulgada por su antecesor Mario Abdo Benítez apenas un año antes.
Por Ley 7236 se modificaron varios artículos de la ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”. Entre esas modificaciones, Santiago Peña eliminó la indicación de que en caso de incumplimiento de la Ley será considerado “mal desempeño de funciones” y, por ende, causal de juicio político. Es decir, a pocos meses de asumir el cargo, el actual Jefe de Estado se había asegurado de que, en caso de cometer algún hecho calificado por la ley como conflicto de intereses, este no sería considerado como causal de mal desempeño en...
Otra de las modificaciones promulgadas por Peña fue la de garantizar impunidad ante casos de omisión de datos o directamente consignación de datos falsos, al hacer cuasiimposible la aplicación de sanciones, ya que la ley promulgada obliga a la Contraloría a tener que demostrar que la omisión de proporcionar datos se realizó de manera dolosa o mediando mala fe”.
Básicamente, existe conflicto cuando los intereses laborales, económicos, financieros y profesionales de una persona que desempeñe una función pública puedan influir en la adopción de decisiones en el ejercicio de su cargo.
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