Comisión Bicameral pone a prueba actuación de Fiscalía | DIARIO PRIMERA PLANA

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La cúpula cartista, liderada por Horacio Cartes, junto a Santiago Peña y Pedro Alliana. La Comisión Bicameral de Investigación instalada por el cartismo en el Parlamento tiene como principal motivación inicial, poner en entredicho las conclusiones de la anterior CBI, que durante la legislatura pasada confeccionó un lapidario informe sobre Horacio Cartes y sus movimientos en el submundo del lavado de dinero y su relación con el rey de los doleiros, Darío Messer, el “hermano del alma”. La candidatura de Alliana El plan estratégico cartista tiene toda la agenda supeditada a la meta de las próximas elecciones, en 2026 las municipales, y en 2028 las generales, y cumpliendo con dicha línea bajada desde el comando cartista, se ha confirmado el prematuro lanzamiento de la candidatura presidencial del vicepresidente Pedro Alliana. Basta un botón de muestra que las sesiones de la CBI serán reservadas, en contra de la inveterada práctica del ejercicio democrático parlamentario de las sesiones abiertas a la prensa o al público, más aún tratándose de cuestiones de interés general, lo que hace suponer que el secretismo está en consonancia con el objetivo de la mayoría cartista en la comisión, que es una mezcla de “vendetta” política contra enemigos políticos y económicos, pero también con el condimento de un mecanismo destinado a desarticular el financiamiento de la oposición que se vaya armando para defenestrar eventualmente a HC del poder, en las próximas elecciones. El otro objetivo no menos preocupante de la bicameral cartista, consiste finalmente en desacreditar y hasta si es posible “neutralizar” los informes manejados sobre HC tanto en la CBI presidida antes por el exsenador Jorge Querey como en la Seprelad de Carlos Arregui, quien ahora se halla bajo proceso judicial junto al expresidente Marito Abdo por supuestamente haber “filtrado” a la prensa los informes sobre lavado de dinero y otros posibles mecanismos ilegales de negocios, que involucrarían al ex jefe de Estado del período 2013-2018 y actual titular de la ANR, Horacio Cartes. Más bien casi toda la labor de la CBI se orientará hacia un terreno en el que el cartismo desea recoger información y hasta eventualmente emprender alguna presión no sólo sobre la Fiscalía, sino también sobre la Justicia, como sería el caso de indagar sobre entidades bancarias y financieras que estarían siendo investigadas judicialmente por lavado de dinero, incluidas algunas que ya cuentan con procesos en los estrados tribunalicios, lo que resultaría en una intromisión de la Comisión Bicameral en procesos judiciales vigentes, es decir un hecho que está prohibido expresamente por la Constitución, pero que se constituiría en un claro mensaje que el cartismo defiende sus intereses hasta super poniéndoles por encima de un mandato constitucional.

La cúpula cartista, liderada por Horacio Cartes, junto a Santiago Peña y Pedro Alliana. Fue en ocasión de la reunión con los diputados de Honor Colorado, el lunes 26 de agosto.

Además de pretender alcanzar el máximo apogeo del control cartista sobre las instituciones del Estado, la Comisión Bicameral de Investigación que inicia sus sesiones el martes 3 de septiembre, pondrá en evidencia la actuación de la Fiscalía, que siempre se mostró reacia a investigar a fondo a Horacio Cartes, mientras ahora será presionada para ir con todo contra los enemigos del cartismo.

La Comisión Bicameral de Investigación instalada por el cartismo en el Parlamento tiene como principal motivación inicial, poner en entredicho las conclusiones de la anterior CBI, que durante la legislatura pasada confeccionó un lapidario informe sobre Horacio Cartes y sus movimientos en el submundo del lavado de dinero y su relación con el rey de los doleiros, Darío Messer, el “hermano del alma”.

Sin embargo, la anterior fiscala general Sandra Quiñónez no movió un dedo para iniciar un proceso contra el actual titular de la ANR con el objetivo manifiesto de mantener incólume a HC, y, como contrapartida, la intención ahora es presionar al nuevo fiscal general Emiliano Rolón con el fin de reorientar las pesquisas sobre lavado en contra de los adversarios políticos o económicos del Patrón, entre ellos principalmente el grupo empresarial Zuccolillo y su red de multimedios encabezada por el diario ABC Color.

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