En una audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados con candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia, el diputado Roberto González (ANR), presidente del Consejo de la Magistratura, se permitió lanzar un discurso contra los jueces que ordenaron la prisión de algunos diputados, para luego preguntar a uno de los postulantes, el magistrado Delio Vera Navarro, cuál sería su posición al respecto si llegara a ocupar el puesto. El claro mensaje fue lanzado para magistrados y fiscales, así como para quienes aspiren a serlo. ¡Que se cuide quien encarcele o quiera encarcelar a un legislador! Mayor barbaridad, imposible. El episodio hace recordar al senador Enrique Bacchetta (ANR), presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien creyó nada menos que oportuno solidarizarse por tuit con el diputado Ulises Quintana (ANR), ante la “injusticia” que habría estado sufriendo durante su reclusión preventiva. Hechos como los protagonizados por Bacchetta y González degradan a nuestras instituciones.
En un país donde la separación y la independencia de los Poderes del Estado aún no están afianzadas al cabo de tres décadas de Gobiernos democráticos, son varias las maneras mediante las que un legislador puede influir en el resultado de un juicio, en beneficio propio o ajeno. Más de uno cree que su investidura le permite presionar a un agente fiscal o a un juez “hablables” sobre el curso de una pesquisa o de un proceso civil o penal, confiando en que su interlocutor atienda sus inquietudes a cambio de ser promovido o al menos de continuar en el cargo. Como es obvio, la fuerza del mensaje,...
El destino de este último y el de su colega y actual compañero de infortunio Miguel Cuevas (ANR), así como el de cualquier otro legislador sospechoso de haber delinquido, parecen preocupar también –y mucho– al diputado Roberto González (ANR), presidente del Consejo de la Magistratura. Su preocupación llegó al extremo de que, en una audiencia pública realizada en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados con candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia, se permitió lanzar un discurso contra los jueces que ordenaron la prisión preventiva de los referidos diputados, para luego...
El interrogado respondió con evasivas sobre la consulta del caradura González, por razones quizás comprensibles. Aparte de intentar inducir una respuesta coincidente con su opinión, la desfachatez de quien preside el órgano que propondrá al Senado la terna de candidatos para integrar la máxima autoridad judicial implicó un atentado contra la independencia de un poder del Estado y un ominoso aviso a quienes vayan a entender en procesos aún abiertos o a iniciarse.
Viene al caso recordar lo que prescribe el art. 248 de la Carta Magna: “En ningún caso, los miembros de los otros poderes (...) podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios (...) Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas que fije la ley” (las negritas son nuestras).
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