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Tras la decisión de la Fiscalía de imputar a un “pez gordo” como Javier Zacarías Irún y su clan familiar, se cumple una de las exigencias de Estados Unidos al gobierno de Marito, para librar la madre de todas las batallas contra el reino de los tráficos en nuestro país y especialmente con el fin de terminar con la protección política al lavado encarnada en el maridaje HC-ZI en el período 2013-2018.
En coincidencia con el apriete de Estados Unidos a la Venezuela de Nicolás Maduro, el Paraguay también debe hacer buena letra para terminar con la próspera lavandería de dinero sucio que había funcionado sin mayores controles oficiales en la era HC.
Marito Abdo dio en la tecla tras la ruptura de relaciones con el régimen caribeño, y así se alineó con la pauta política marcada por los Estados Unidos en el continente, pero esto no es suficiente aún en el frente interno para satisfacer el reclamo del gobierno de Donald Trump de poner freno a los tráficos y al lavado en la frontera.
El gobierno norteamericano hizo saber al de Paraguay que el único resultado que espera, de aquí hasta mediados de 2020, es la sanción de cárcel contra los políticos propulsores del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre ellos el clan Zacarías Irún.
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