La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”. En buena hora, la iniciativa del senador Sergio Godoy (ANR, cartista), que responde a un clamor ciudadano de larga data y al principio de austeridad que debe inspirar la gestión pública, tuvo en abril el apoyo unánime de sus colegas. Nadie ignora que en el aparato estatal no solo se roba, sino también se derrocha a manos llenas. En un país con tantas carencias como el nuestro, resulta ofensivo que se dilapide el dinero de todos para dar el gusto a quienes roban o se dedican a la holganza. La pandemia ha arrojado más que nunca luz como para resaltar los dos “países” que existen dentro de nuestro territorio: el que disfruta de todo tipo de beneficios y el que se rompe el lomo para producir y financiar tales dispendios.
La Cámara de Diputados tratará hoy, en sesión extraordinaria, un proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto publico”. En buena hora, la iniciativa del senador Sergio Godoy (ANR, cartista), que responde a un clamor ciudadano de larga data y al principio de austeridad que debe inspirar la gestión pública, tuvo en abril el apoyo casi unánime...
Ahora que la población se está sacrificando para enfrentar la pandemia, resulta aún más irritante que en la función pública se siga malversando y percibiendo salarios exorbitantes, a los que deben sumarse los variados beneficios adicionales, entre los que se incluyen hasta los premios por “presentismo” y los viáticos para conocer el mundo en “misión oficial”, generalmente turísticos, ya que no se conoce que hayan aportado algo en beneficio del país. Como era previsible, los beneficiarios de los dispendios, que ocupan unos puestos de “trabajo” inmunes a la crisis económica, se han movilizado...
Las comisiones asesoras emitieron varios dictámenes que, en general, buscan atenuar el impacto de los “tijerazos”, ya que, al fin y al cabo, el dinero sale de los contribuyentes, sin voz ni voto en este importante asunto. Mención especial merece el criterio mayoritario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, opuesto parcialmente a la norma de que en la función pública, incluida la que se ejerce en las entidades binacionales, nadie gane más que el Presidente de la República, es decir, más de 37 millones de guaraníes mensuales. Se propone excluir a los instalados en Itaipú y Yacyretá,...
Y bien, el art. 3º del “Protocolo sobre relaciones de trabajo y seguridad social”, relativo a Itaipú Binacional, que menciona las “normas especiales uniformes” a ser aplicadas al contrato individual de trabajo, sea cual fuere el lugar de su celebración, nada dice sobre las remuneraciones mensuales, en tanto la primera parte del art. 5º dispone que “será observado el principio del salario igual para trabajo de igual naturaleza, eficacia y duración, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, religión ni estado civil”. ¿Acaso supone esta cláusula que un funcionario paraguayo deberá ganar...
Leer la nota completa en Diario ABC