Los funcionarios públicos se exponen a sanciones de índole penal, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 del Decreto 3495, que apunta a que los funcionarios públicos (permanentes y contratados) estaban exceptuados de este beneficio, ya que seguían percibiendo sus haberes con normalidad durante la cuarentena. De acuerdo con el trabajo de fiscalización realizado por IDEA, 76 funcionarios perciben más de G. La organización IDEA informó que detectaron coincidencias en el listado de Ñangareko y las bases de datos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública en 121 ocasiones, 12 de ellos son permanentes y los otros 109 son funcionarios contratados.
“Nosotros recibimos la denuncia y estamos procesando los datos. Ya confirmamos varios casos y vamos a presentar denuncias penales”, expresó el ministro René Fernández, de la Secretaría Anticorrupción. Apuntó que la institución que está a su cargo debe realizar el cruzamiento de datos para confirmar y realizar un seguimiento serio de la denuncia por parte de la organización civil. “Queremos tener un grupo significativo, son 140 casos en total. Dentro de esta semana vamos a denunciar al primer grupo”, adelantó el ministro anticorrupción. Los funcionarios públicos se exponen a sanciones de...
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