Tras el cambio de estructura del Ministerio de Hacienda a Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunada a la necesidad de incorporar aspectos que no se contemplaron en el proyecto anterior, la cartera económica actualizó el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Esta importante propuesta forma parte de la meta de reforma establecida en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con la misma se apunta a mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas, además de promover el desarrollo de servidores públicos.
El proyecto contempla limitaciones en la aplicación de la ley. Si bien será aplicable a toda actividad de función y empleo públicos desarrollada por las instituciones públicas, se establece la excepción de las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado y de las fuerzas públicas. A estas, con la única salvedad de los principios rectores y de la política de remuneraciones, se excluye íntegramente del ámbito de aplicación de la presente ley, precisa uno de los incisos.
En línea con lo anterior, se designa al Ministerio de Economía y Finanzas como la autoridad de aplicación para todas las instituciones públicas que componen el ámbito del Poder Ejecutivo. Igualmente se consigna que las máximas autoridades de las municipalidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Fiscalía General del Estado, universidades nacionales, Contraloría General de la República, Banca Central del Estado así como otras instituciones públicas con autonomía en materia de...
Con la ley se apunta a mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas, además de promover el desarrollo de los servidores públicos que lo integran, para ofrecer servicios oportunos y de calidad, señalaron autoridades del MEF.
Otro apartado de relevancia dentro de la propuesta normativa es lo vinculado a los requisitos, así como las limitaciones para acceder a la función pública.
Leer la nota completa en Diario ABC