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Agroganaderos piden sancionar a parlamentarios por incitar ocupaciones

Agroganaderos piden sancionar a parlamentarios por incitar ocupaciones

Los gremios agroganaderos formalizarán esta mañana un pedido de sanciones disciplinarias para los senadores Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), y Sixto Pereira y Hugo Richer, del Frente Guasu, por apología del delito e incitación a cometer hechos punibles, en relación a supuestas arengas para la ocupación de tierras privadas en los asentamientos de […]

Los gremios agroganaderos formalizarán esta mañana un pedido de sanciones disciplinarias para los senadores Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), y Sixto Pereira y Hugo Richer, del Frente Guasu, por apología del delito e incitación a cometer hechos punibles, en relación a supuestas arengas para la ocupación de tierras privadas en los asentamientos de Pindó, en Curuguaty, y Guaraní del Este, en Alto Paraná.

Según adelantó a El Nacional el abogado de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) Diego Torales, el pedido al Senado lleva las firmas del titular de los ganaderos Pedro Galli, Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), y Eugenio Schöller, de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), entre otros.

“Estamos pidiendo a la Cámara de Senadores que se tomen medidas disciplinarias contra estos tres senadores que en su carácter de tales no pueden hacer apología del delito en un lugar vulnerable, una estancia invadida, deforestada, donde se han quemado casas patronales, se han hurtado corrales, se quemaron camionetas, se ha privado de su libertad a su representante legal; y básicamente ellos (los parlamentarios) fueron a amparar estos ilícitos”, señaló Torales.

El abogado agregó que en las próximas horas también estarán presentando a la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los parlamentarios por violación a los artículos 237 y 238 del Código Penal, que versan incitación a cometer un hecho punible y apología del crimen, castigados con multas y penas privativas de libertad de tres a cinco años.

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El Nacional
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