La crisis de Ueno Bank comienza a ampliar el alcance de sus cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de fiscalizar las actividades económicas y financieras en Paraguay. La legisladora utilizó como argumento comparativo la intervención de pequeños comercios por infracciones vinculadas al contrabando y la situación de las empresas relacionadas con la investigación sobre Ueno Bank. El cuestionamiento de la senadora se concentra en la capacidad de fiscalización del Estado sobre las empresas que habrían integrado el entramado investigado en torno a Ueno Bank. El 4 de noviembre, el Ministerio Público informó que formuló imputación contra 27 personas vinculadas a Ueno Bank y distintas sociedades, por presuntos hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. La Fiscalía sostiene que las operaciones examinadas corresponden principalmente a los años 2025 y 2026 y habrían comprometido los activos de la entidad mediante préstamos y sobregiros concedidos a empresas relacionadas. El titular de la DNIT también afirmó que el sistema de gestión de riesgos de la institución no había generado alertas tributarias sobre las empresas vinculadas a Ueno Bank. Según la imputación fiscal, Ueno Bank habría concedido préstamos y sobregiros a empresas vinculadas en condiciones que presentarían deficiencias en la evaluación del riesgo, garantías y capacidad de repago. La investigación también examina transferencias de fondos entre distintas sociedades y operaciones que habrían permitido sostener compromisos financieros de otras empresas relacionadas. Cuando una entidad bancaria concentra recursos de depositantes, empresas y organismos públicos, las operaciones con sociedades vinculadas requieren controles especialmente rigurosos y documentación suficiente para demostrar su justificación económica. El caso Ueno Bank expone una cuestión que supera el ámbito de una entidad financiera: la coordinación entre los organismos encargados de supervisar el sistema bancario, prevenir el lavado de activos y fiscalizar las obligaciones tributarias. El Ministerio Público ya había dispuesto la apertura de tres causas vinculadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en la entidad y las actuaciones de autoridades y exautoridades de distintas instituciones estatales, mediante la Resolución FGE N.º 4474 del 5 de noviembre.
La crisis de Ueno Bank comienza a ampliar el alcance de sus cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de fiscalizar las actividades económicas y financieras en Paraguay. La senadora Yolanda Paredes anunció que promoverá una denuncia ante el Ministerio Público contra Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), al cuestionar cómo una estructura empresarial de gran dimensión habría operado sin que, según su planteamiento, se detectaran oportunamente irregularidades.
La legisladora utilizó como argumento comparativo la intervención de pequeños comercios por infracciones vinculadas al contrabando y la situación de las empresas relacionadas con la investigación sobre Ueno Bank. En particular, cuestionó que una despensa de barrio pueda ser intervenida por comercializar productos presuntamente ingresados de contrabando, mientras que un conjunto mucho mayor de sociedades habría desarrollado operaciones bajo sospecha sin generar alertas suficientes.
«¿Cómo puede ser que la despensa de Ña María en el barrio Kokueré inmediatamente es intervenida por tener tres cajas de pollos de contrabando y que ahora haya 40 empresas en una estructura criminal y Óscar Orué nunca haya sabido nada?», cuestionó Paredes.
La declaración introduce un nuevo frente político en un caso que ya involucra a autoridades del sistema financiero, exdirectivos bancarios y distintas dependencias del Estado. Sin embargo, la eventual responsabilidad de Orué deberá determinarse a partir de las competencias legales de la DNIT y de las actuaciones que puedan documentarse durante una investigación fiscal.
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