El Ministerio Público imputó por asociación criminal al expresidente Santiago Peña, al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los exmiembros del Directorio Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora. La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría encabezado una estructura organizada dentro del Estado para proteger los intereses del Grupo Vázquez e impedir la intervención de Ueno Bank.
La investigación por el colapso de Ueno Bank dio un nuevo giro este viernes 13 de noviembre con la presentación del Acta de Imputación N.º 9, en la que el Ministerio Público plantea la existencia de una presunta asociación criminal integrada por quienes ocupaban los principales cargos de decisión política y regulación financiera del país.
El documento fiscal sostiene que los seis imputados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal, cuyo propósito habría sido subordinar el sistema financiero y los organismos de control a los intereses particulares del conglomerado Grupo Vázquez/Ueno Bank.
La hipótesis fiscal apunta a que las actuaciones no habrían constituido hechos aislados, sino parte de un esquema coordinado de protección institucional que permitió que la entidad bancaria continuara operando y captando recursos del público pese a las advertencias sobre su deterioro patrimonial.
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