En enero de 2019, la EBY tenía 700 funcionarios argentinos y 2.050 paraguayos, incluidos los 164 incorporados por su director Nicanor Duarte Frutos en tres meses de gestión. Un año más tarde, nuestros muy bien retribuidos compatriotas ya sumaban 2.202, de modo que los mayores gastos de personal atribuibles al citado expresidente de la República ascienden hasta ahora a 3.590 millones de guaraníes en concepto de sueldos y beneficios adicionales. Por supuesto, estas mayores erogaciones no saldrán de los bolsillos del titular de la EBY. Entre los nuevos funcionarios figuran parientes o colaboradores de la primera dama, del Vicepresidente de la República y de legisladores y políticos colorados conocidos, cuyos nombramientos se realizaron en forma generalmente irregular. Pisotear allí la Constitución y las leyes se suele justificar con el argumento de la “binacionalidad”. Nos preguntamos si alguna de las numerosas instituciones que deben investigar e impartir justicia le pondrán el “cascabel al gato”, o si seguiremos soportando indefinidamente el asalto legalizado a recursos que legítimamente les corresponden a los ciudadanos.
En enero de 2019, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) tenía 700 funcionarios argentinos y 2.050 paraguayos, incluidos los 164 incorporados por su director Nicanor Duarte Frutos en tres meses de gestión. Un año más tarde, nuestros muy bien retribuidos compatriotas ya sumaban 2.202, de modo que los mayores gastos de personal atribuibles al citado expresidente de la República ascienden hasta ahora a 3.590 millones de guaraníes, en concepto de sueldos y beneficios adicionales. La EBY afirma que, desde agosto de 2018, “solo” ingresaron 243, pero sus documentos internos dicen que fueron 316....
El exclusivo responsable de las recientes incorporaciones –no intervino el Consejo de Administración– sostiene sin ruborizarse que “el nepotismo es brutal” en la EBY, pero negó haber violado la Ley N° 5295/14, que le prohíbe “nombrar o contratar (...) a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”, salvo que se cumpla con “las normas legales que regulen el acceso a la función pública”. Admitió sí haber contratado y comisionado a una tía de su esposa, que “siempre trabajó en el área social, en la artesanía”, a pedido de la...
Como la Carta Magna es de mayor jerarquía que cualquier tratado o contrato colectivo de trabajo, no cabe invocar estos documentos para justificar, como lo hace Duarte Frutos, unos salarios desmesurados que no condicen, en absoluto, con los vigentes en la administración pública. También en la EBY se ignora el art. 47, que garantiza la “igualdad de acceso a las funciones públicas, sin más requisitos que la idoneidad”. Este requisito se verifica mediante un concurso público de oposición, regulado en la Ley N° 1626/00, que no rige en la entidad binacional. Ninguno de los incorporados por la...
Claro que esos pagos no saldrían de los bolsillos del titular de la EBY, en el muy improbable caso de que tuviera que “irse” alguien que él introdujo en la EBY porque le dio la santa gana o porque le fueron “recomendados”. Es de esperar que, al menos, no sea indemnizado el expresidente de la asuncena seccional colorada N° 24, Raúl Sánchez Benegas, quien ingresó hace seis años en la Dirección de Coordinación Social, sin una “tarea específica” que realizar. Como se sabe, en 2019 este personaje tuvo 220 días de reposo médico, pero siguió cobrando 14 millones de guaraníes mensuales, mientras...
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