La diputada Kattya González (PEN) afirmó días atrás que la imputación y el pedido de desafuero que afectaban a su colega Ulises Quintana (ANR) demostraban la necesidad de depurar el Poder Judicial, cuya máxima autoridad no debería seguir en manos de “bastardos” y representantes del crimen organizado. Tiene toda la razón del mundo, solo que le faltó agregar que tampoco el Legislativo debe seguir pareciéndose a un vulgar aguantadero. Otros legisladores también cuestionaron la actuación de fiscales y jueces. No será este diario el que asuma la defensa del Ministerio Público y del Poder Judicial, cuyas actuaciones viene censurando desde hace largos años, pero puede afirmarse que la causa final del nepotismo, del prevaricato y de la corrupción que reinan en dichos órganos radica, justamente, en que fiscales y jueces dependen del poder político que los zarandea a su antojo. Es de pública notoriedad que el carnet partidario juega un papel decisivo a la hora de designar al fiscal general del Estado, a los agentes fiscales, a los jueces, a los camaristas y, desde luego, a los ministros de la Corte Suprema. Queda claro, entonces, que no solo tiene que ser depurado el Poder Judicial, sino también el Legislativo. De lo contrario, la actual legislatura no se diferenciará de los nefastos corporativos anteriores y, sobre todo, no tendrá autoridad moral para cuestionar a fiscales y jueces.
En la última sesión plenaria de la Cámara Baja, la diputada Kattya González (PEN) afirmó que la imputación y el pedido de desafuero que afectaban a su colega Ulises Quintana (ANR) –presunto cómplice del delito de tráfico de drogas y autor de los de tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero– demostraban la necesidad de depurar el Poder Judicial, cuya máxima autoridad no debería seguir en manos de “bastardos” y representantes del crimen organizado. Tiene toda la razón del mundo, solo que le faltó agregar que tampoco el Legislativo debe seguir...
El diputado Roberto González consideró que la Justicia se está “ensañando” con el diputado Quintana. Su colega Édgar Acosta (PLRA) afirmó que la fiscala Victoria Acuña lo imputó “absurdamente” por un hecho, y lamentó que hiciera lo propio con su colega y correligionario Teófilo Espínola. Otros legisladores se manifestaron en sentido similar, como si de pronto descubrieran que la Administración de Justicia, que de repente da al menos débiles muestras de recordar sus obligaciones, fuera un desastre.
No será este diario el que asuma la defensa del Ministerio Público y del Poder Judicial, cuyas actuaciones viene censurando desde hace largos años con la mayor energía, pero puede afirmarse que la causa final del nepotismo, del prevaricato y de la corrupción que reinan en dichos órganos radica, justamente, en que jueces y fiscales dependen del poder político que los zarandea a su antojo. Este poder fáctico es ejercido justamente por los ahora “indignados” parlamentarios que aceptaron el “generoso” pedido de desafuero –en vez de privarlo de su investidura– presentado por el diputado...
Es de pública notoriedad que el carnet partidario juega un papel decisivo a la hora de designar al fiscal general del Estado, a los agentes fiscales, a los jueces, a los camaristas y, desde luego, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Las ternas de candidatos a dichos cargos son conformadas por el Consejo de la Magistratura, dos de cuyos ocho integrantes son un diputado y un senador. Se dirá que son una minoría, pero ocurre que, de hecho, los partidos inciden también en la elección de otros miembros del Consejo. Si a ellos se suman el representante del Poder Ejecutivo y hasta el...
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