A pesar de ser el titular del ente que denunció el cobro irregular de subsidios, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, lejos de insistir en agilizar los procesos, justifica a transportistas que siguen beneficiándose.
“Estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso”, son las causas de imputación de los dueños de seis empresas de transporte, denunciadas en 2014 por el titular de la entonces Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama), Agustín Encina. Él las acusaba de haber cobrado irregularmente subsidios, engañando a la institución. Hoy, cinco de las seis causas están a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y una de ellas tiene audiencia en diciembre para definir si va a juicio oral....
El principal interesado en la resolución de las causas debería ser el titular del Viceministerio de Transporte (VMT) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), atendiendo que es la institución encargada de regular los subsidios. Sin embargo, al ser consultado sobre el pago a empresas sospechadas de presentar documentos con contenido falso, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, respondió que hasta el momento no existe ninguna sentencia firme y ejecutoriada y que mientras no haya, los transportistas que se ajusten a los requisitos establecidos en el Decreto Nº 6630...
Pero conforme con los antecedentes, existen indicios de que adulteraron el chasis de al menos 123 buses; en documentos, unidades antiguas se hicieron figurar como nuevas. El fiscal Yoan Paul López, actualmente juez, los imputó en 2016. Hasta entonces se estimaba un perjuicio de más de G. 13.000 millones. Hoy las pesquisas están a cargo de la agente Karina Caballero.
Cinco de los seis expedientes siguen sin respuesta de la CSJ sobre las casaciones planteadas por la Fiscalía a los sobreseimientos definitivos que se dieron en los diferentes juzgados. Según el documento, las causas se extinguieron por vencer el plazo de un año para solicitar la reapertura, período establecido para causas con expectativa de pena de hasta 5 años de prisión. Sin embargo, la Fiscalía imputó en base al artículo 262, inciso 2° del Código Penal, el cual tiene pena mayor de cinco años, y así, el plazo para la reapertura es de hasta 3 años. La máxima instancia judicial debe...
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