La primera acción fue promovida por organizaciones barriales de Itauguá, Limpio, Luque y trabajadores del Mercado de Ñemby por la falta de ayuda prometida debido al aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus, la cual fue aceptada por el magistrado Mirko Valinotti, quien pidió informes a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
En el caso de esta nueva acción, la cual también se realizó con apoyo de activistas sociales de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, se acompañan copias de fichas de registro de las 274 familias que solicitaron la asistencia al programa Ñangareko, así como la nota remitida hace semanas a la SEN con dichas informaciones.
Las acciones judiciales presentadas exigen que la Justicia presione al Poder Ejecutivo para que la SEN cumpla con su obligación constitucional y convencional indelegable de garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, según señala el comunicado.
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