Enfatiza que también existen otras cuestiones a tener en cuenta, como el hecho de que los precios de los productos de los países vecinos bajaron considerablemente y podría contribuir al ingreso de mercaderías vía contrabando, escenario que “categóricamente afectaría a la recaudación de impuestos y a la importación formal”. Sobre el punto, insistió en que si se realizan las declaraciones de importación tal como las normas legales lo establecen, el costo de lo abonado en concepto de tasa aplicada por la reexportación será del 60%. Igualmente, refiere que el proyecto en cuestión vulnerará el principio de igualdad tributaria y el de la competencia leal respecto a otros competidores en el mercado, quienes cumplen y se encuentran al día con sus obligaciones tributarias.
La citada normativa plantea que se exceptúe en la frontera el pago de varios tributos y solo abonar el impuesto a la renta empresarial (IRE) con una declaración jurada, como también no estar sujetos a control de organismos como el Inam y Dinavisa, a fin de mantener activo el comercio fronterizo.
Gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) pidieron el rechazo de esta propuesta por inconstitucional.
En su análisis, Orué refiere que el proyecto tiene varias imprecisiones en la redacción de los artículos con términos muy ambiguos, definiciones muy generales y cuestiones que no son claras ni precisas respecto a lo que se pretende legislar.
Menciona que el comercio de frontera fue uno de los primeros sectores afectados por la propagación del coronavirus en el mundo y en la región, como también que desde el 2019 arrastra una delicada situación debido a la devaluación de las monedas regionales respecto al dólar americano, hecho que disminuyó el ritmo de ventas, “lo cual empeoró con el cierre de fronteras a inicios de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia del Covid-19”.
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