Recordemos que el MOPC había otorgado el contrato de fiscalización al consorcio fiscalizador Nippon Koei, que presentó una oferta de USD 9 millones, USD 1,5 millones más que la oferta más barata, por lo que fue anulada por Contrataciones Públicas, tras una protesta. La obra del Corredor Bioceánico se convertirá en la ruta más cara del país, principalmente por el elevado costo de la financiación, pues con los intereses el Estado terminará pagando USD 732 millones en 15 años..
Así consta en la resolución número 285 que firmó el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, el 18 de febrero de este año, con la cual se conformó “un equipo transitorio de fiscalización”. Integran este grupo el Ing. Juan G. Guerrero, el técnico vial Andrés Riveros, el técnico vial Luciano Riveros y el técnico administrativo Vicente González.
Llama la atención la poca cantidad de profesionales destinados para este fin, atendiendo que se trata de una megaobra de USD 450 millones. Asimismo, es importante mencionar que la licitación que canceló el MOPC, justamente para la fiscalización, requería un mínimo de 60 profesionales de trayectoria.
Fuentes del sector de la construcción insisten en que el MOPC busca evitar la fiscalización de la obra, debido a la cercanía de la firma Ocho SA con el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, pues la empresa pertenece a la familia del asesor económico y concuñado del jefe de Estado, Luis Alberto Pettengill Castillo.
Mientras tanto, la cartera alega que a esta altura de la obra no se requiere de varios fiscalizadores. “Se está contratando de a poco, porque no se hace todo de una. Los primeros tramos no requiere mucha gente”, explicó Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC.
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