Así como lo hizo ahora, en el 2016 el actual senador Dionisio Amarilla (PLRA) ya usaba sus influencias como diputado para dar “empujoncitos” a la empresa de su “partner” Óscar Chamorro Lafarja. Ese año, Amarilla requirió informes a varias instituciones sobre una firma que competía con las de su amigo.
Así como el lunes el senador Dionisio Amarilla formó parte de un plan para “desinflar” denuncias periodísticas contra Security Service Tecnology - SST, de su “partner de facultad” Óscar Chamorro Lafarja; ya en el año 2016 el entonces diputado utilizaba sus influencias como legislador para presionar sobre la competencia de Chamorro en las licitaciones públicas.
Según documentos de la Cámara de Diputados, el 21 de setiembre de 2016 Amarilla remitió al entonces presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, varios proyectos de resolución para pedir informes a instituciones públicas respecto a la empresa de seguridad privada Tapiti SRL, de los comisarios retirados Vidal y Viviano Machado.
El argumento de Dionisio Amarilla era que había recibido en su oficina denuncias sobre “graves irregularidades e incumplimientos de las normas laborales por parte de la empresa de seguridad privada Tapiti SRL”. Alegaba el legislador que Tapiti tenía contratos con el Ministerio de Salud y ANDE, pero no pagaba en tiempo y forma a sus empleados.
Amarilla requirió informes al Instituto de Previsión Social (IPS), a Contrataciones Públicas y al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, denuncias sobre violaciones de obligaciones con sus empleados ya pesaban desde mucho antes también sobre la firma de su “partner”, Security Service Tecnology, de Óscar Chamorro Lafarja, que en ese momento tenía millonarios contratos con la ANDE, el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, entre otros entes.
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