Legisladores cuestionaron operación de compra de bonos de banco local, por monto de G. 250 mil millones. IPS argumenta que adquisición de instrumentos responde a normativas vigentes.
La Cámara de Senadores aprobó ayer un pedido de informe propuesto por la senadora Esperanza Martínez, para solicitar al Instituto de Previsión Social (IPS) detalles de la adquisición de bonos financieros de ueno bank por valor de G. 250.000 millones. En concreto, se solicita información del proceso de adquisición de los instrumentos de ueno, junto con otros reportes sobre las inversiones de la entidad. “Se difundió en los medios de comunicación la situación relacionada con la derivación y adquisición de recursos, así como la compra de bonos por parte del Directorio del IPS ante el nuevo...
Añadió que los recursos utilizados para la compra de los bonos son de los jubilados y de los trabajadores que forman parte del sistema previsional. “Es fundamental contar con información clara y precisa sobre cómo se tomaron estas decisiones”, expresó. “Tememos que estemos ante nuevos patrones que se creen dueños de Paraguay, comprando todo lo que encuentran y fomentando negocios oligopólicos, una red de amigos que se vuelven patrones, dueños de negocios, de influencias y del poder político”, manifestó la legisladora.
CONFLICTO. Por su parte, el senador Rafael Filizzola aseguró que existe un conflicto de intereses porque hay integrantes del Gobierno vinculados con el banco. Sostuvo que lo más grave del asunto es la falta de transparencia, porque se desconocen los criterios utilizados para realizar esta inversión e infirió que la intención es beneficiar al banco. “Lo que están haciendo es un abuso de la discrecionalidad”, expresó.
El IPS adquirió hacia mediados de setiembre pasado los bonos financieros de ueno bank, en el marco de una operación que despertó la atención por los actores involucrados. La Resolución CA 65-28/2024 del Consejo de Administración del IPS es la que autoriza la compra, por G. 250.000 millones, con tasa de interés del 8% anual y un plazo de 7 años, con vencimiento programado para el 9 de setiembre de 2031. Los papeles cuentan con una calificación de riesgo de “Apy Estable”.
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