Rechazan fallo de la Corte Suprema Salvadoreña de habilitar reelección presidencial

Rechazan fallo de la Corte Suprema Salvadoreña de habilitar reelección presidencial

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, indicó este sábado que observan a El Salvador para “denunciar prácticas violatorias” de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones. “En el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar DDHH. Queda demostrado que El Salvador no […]

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, indicó este sábado que observan a El Salvador para “denunciar prácticas violatorias” de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.

“En el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar DDHH. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción”, publicó Guevara-Rosas en Twitter. Añadió que en Amnistía Internacional “tenemos ojos en El Salvador para denunciar las practicas violatorias de DDHH del gobierno de Nayib Bukele”.

Esta publicación se da horas después de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nombrados el 1 de mayo por la mayoría oficialista del Congreso, revirtieran un fallo de 2014 y habilitaran la reelección presidencial inmediata. En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

Esto abre el camino para que Bukele pueda buscar la reelección en 2024. Con la interpretación que se le había dado en 2014 al numeral 1 del artículo 152 de la Constitución, debía esperar hasta 2034. Los jueces sostuvieron que la interpretación de 2014 es “errónea” y apuntaron que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años. Otro de los que reaccionó al respecto fue José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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