El 6 de febrero entraría en vigencia la Ley N° 6535/19, que exige la previa intervención judicial para que un ciudadano pueda conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. La exigencia de la intervención judicial fue desestimada en dos instancias, pero el excontralor Enrique García promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los fallos judiciales mencionados, y el caso sigue sin ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. El caso promovió un proyecto de ley en el Senado en el sentido de lo resuelto por la Justicia, pero lo que al final se sancionó y promulgó en forma automática fue una ley que vino a reforzar el requisito de la exigencia judicial para dar a conocer la declaración jurada, lo que implica un grave obstáculo para el común de los ciudadanos. En diciembre último, el Senado introdujo un cambio, en virtud del cual se elimina la previa intervención judicial, que será tratado ahora en la Cámara de Diputados.
El 6 de febrero entraría en vigencia la Ley N° 6535/19, que exige la previa intervención judicial para que un ciudadano pueda conocer el contenido de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercen una función pública. Incluye explícitamente, entre las facultades de la Contraloría General de la República, la de publicar los datos en su sitio web o portal digital, “una vez obtenida la autorización jurisdiccional respectiva”. La exigencia de la intervención judicial, ya contenida en la Ley N° 5033/13, que no contemplaba la difusión cibernética, fue desestimada en dos...
El hoy ex contralor general Enrique García promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los fallos judiciales mencionados, y el caso, que sigue sin ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, produjo en el Senado un proyecto de ley en el mismo sentido de lo hasta ahora resuelto en sede judicial. Empero, lo que al final se sancionó y promulgó en forma automática fue una ley que no hace más que reforzar el requisito de la exigencia judicial para dar a conocer la declaración jurada, lo que implica un grave obstáculo para el común de los ciudadanos. El engendro fue concebido en...
Dados los antecedentes mencionados, no debería sorprender que solo nueve de los 80 diputados hayan manifestado hasta hoy su apoyo a dicha modificación, siendo destacable que entre ellos figure el colorado Ramón Romero Roa. Esta semana, sus 42 correligionarios sentarían una postura al respecto, siendo lo más probable que decidan votar contra la transparencia, incluso los abdistas, así como se están manifestando también contra la trazabilidad de los aportes que reciben tanto los candidatos como los partidos en las campañas electorales. Estas actitudes solo pueden arrojar las sospechas más...
Se recordará que, a raíz de la repulsa ciudadana, el Presidente de la República se abstuvo de poner su firma al pie de esa ley favorable al secretismo, de modo que se operó una promulgación automática por el transcurso del plazo constitucional. Es más, Mario Abdo Benítez había anunciado que promovería un proyecto de ley para que los particulares puedan acceder a las declaraciones juradas, sin tener que recurrir antes al Poder Judicial. Tal como se ven las cosas, se diría que en el movimiento Colorado Añetete su opinión importa mucho menos que el deseo de los diputados y de sus respectivas...
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