La falta de respuesta a las casaciones planteadas a la Corte Suprema de Justicia por cobro irregular de subsidios por transportistas les permite seguir cobrando el beneficio. Autoridades responsabilizan solo a Fiscalía.
Procuraduría y Transporte se desentienden de subsidios dados a firmas procesadas
El procurador general de la República, Sergio Coscia, indicó que el Ministerio Público es el responsable de agotar las instancias a fin de que las causas contra algunos transportistas sean reabiertas o se insista por una resolución (ver cuadro).
La fiscala es Karina Caballero, quien recientemente asumió los casos en reemplazo a Yoan Paul López, quien había planteado casaciones (nulidad de los sobreseimientos definitivos) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por considerar que las causas están dentro de los plazos para su reapertura. Hasta tanto no se expida la máxima instancia judicial, los expedientes no tienen sentencia firme.
Las denuncias fueron planteadas en 2014, cuando el entonces titular de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama), Agustín Encina, denunció que al menos 129 buses tenían chasis y documentos adulterados para que aparenten ser nuevos y así, acceder al subsidio para transportistas. En ese entonces, la Fiscalía estimó una estafa de G. 13.000 millones.
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