Por mayoría, el Jurado removió a la jueza Tania Irún, enjuiciada en un controvertido caso - Nacionales - ABC Color

En ese sentido, al contestar el traslado, la magistrada enjuiciada sostuvo que la parte demandada no demostró que los actores se encontraban afectados por la Ley N° 2532/2005 ‘Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay’, y que conforme a los principios generales que rigen, y que en materia de la carga de la prueba en materia civil, dispone que quien alega los hechos es quien debe probarlo. También argumentó: “En el presente proceso se corroboró que la magistrada inobservó las disposiciones contenidas en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 2532 ‘Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay’, así como los artículos 1.196 y 1.197 del Código Civil ya que la misma no se expidió sobre los hechos controvertidos en la demanda, ni verificó si las sociedades extranjeras eran sociedades regulares y con capacidad de adquirir bienes inmuebles ubicados en la zona de seguridad fronteriza, a pesar de que estaba obligada a ello, porque la citada ley así lo imponía”. Argumentó cuanto sigue: “El único hecho que motivó su enjuiciamiento fue porque hizo lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y de obligación de hacer escritura pública, en contravención a la Ley N° 2532/2005 ‘Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay’. La jueza Tania Irún sostuvo en su defensa ante este órgano que la parte demandada alegó que los inmuebles se encontraban en zona de seguridad fronteriza y que las actoras son sociedades integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de países limítrofes, que se probó que los bienes inmuebles objeto de juicio se encontraban en zona de seguridad fronteriza, pero que no se probó que las actoras sean personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de países limítrofes y que como la ley de seguridad fronteriza no establece una prohibición específica para los jueces como sí lo hay para los escribanos en su artículo 5° que dispone: “Los notarios públicos no podrán elevar escrituras públicas, negocios jurídicos no autorizados por la disposición del Art. Agregó Bacchetta Chiriani: “Si bien el JEM enjuició por una violación a la Ley N° 2532/2005, sobre el artículo que establece que las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de países limítrofes, no pueden ser propietarios o copropietarios o usufructuarios de bienes ubicados en la zona de seguridad fronteriza, la interpretación realizada por la enjuiciada en su escrito de contestación al enjuiciamiento, es válida y razonable para justificar que como la parte demandada no probó el hecho de la vulneración a la ley de seguridad fronteriza, entonces, en su carácter de magistrada, no incurrió en violación de esta ley. ...[Leer más]