En un hecho inédito y sin precedentes registrados en la era democrática de nuestro país, Sedeco y Dinavisa comunicaron ayer el cierre temporal de 263 locales de la cadena Biggie, parte del Grupo ABC. “Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide...”, declaró Sara Irún, titular de una de las instituciones, dejando así en evidencia que la operación no sería más que el inicio de una vendetta del presidente de la República. El mandatario había amenazado en reiteradas ocasiones a este conglomerado, como en enero pasado con ¡Cuidadito!, cuando se mostraron sus ostentaciones mientras en los hospitales no hay profesionales ni medicamentos.
Una disposición INÉDITA y sin precedentes hizo pública ayer la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), cuyos titulares son Sara Irún y Jorge Ilou, respectivamente. Se trata de la suspensión temporal de 263 locales de la cadena Biggie Express, parte del Grupo ABC.
Parte resolutiva en la cual se menciona la suspensión temporal de toda la cadena Biggie. Según el comunicado entregado antes de la conferencia de prensa, el operativo comenzó a partir de múltiples denuncias ciudadanas recibidas en redes sociales, que derivaron en fiscalizaciones realizadas en varias locales comerciales. “En dichas inspecciones se constató la venta de productos con alertas sanitarias, productos vencidos y, en algunos casos, presunto reetiquetado irregular alterando la fecha de vencimiento” (sic).
La titular de Sedeco señaló que encontraron productos que “ponen en riesgo la vida” de los consumidores, en referencia a productos supuestamente defectuosos, reetiquetados o vencidos en 12 locales, pero la medida es para los 263 minimercados, distribuidos en 31 ciudades y que emplea a 5.300 personas.
En la misma normativa, como Art. 1 aparece primero la instrucción de un sumario. Lo paradójico es que en la Resolución Nº 326/2025 del 12 de agosto de 2025 de la Dinavisa muestra los antecedentes de la decisión en la cual sobresalen aspectos bastante sugestivos, como la verificación de unos cuatro locales y otras cuestiones, por lo que existirían serios indicios de una operación viciada de irregularidades. Las sospechas son más fuertes cuando la misma titular de la Sedeco, Sara Irún, al arrancar la conferencia habla del cumplimiento de un pedido del presidente de la República, Santiago Peña.
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