Los grandes saltos que se dieron en compromisos de pago de bonificaciones con funcionarios fueron en épocas previas a las elecciones, cuando se trata de fidelizar a la “clientela”, afirmó hoy el economista y exministro de Hacienda César Barreto. Se refirió a la reglamentación que restringe el pago de beneficios a funcionarios públicos como una “propuesta correcta” al reclamo de la ciudadanía.
En medio del debate en el sector público y reuniones entre autoridades de empresas públicas y sindicalistas sobre el decreto que reglamenta la Ley N° 6.469 de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2020, que establece restricciones para el pago de bonificaciones, gratificaciones y subsidio familiar, César Barreto dijo a ABC Cardinal que la reglamentación es una “propuesta correcta” que está reclamando la ciudadanía. “Más salario, beneficio o remuneración que se paga a funcionarios es trasladado a contribuyentes o usuarios, quienes son los que realmente pagan estos costos...
“Los grandes saltos que se dieron en estos compromisos asumidos con los funcionarios han sido en épocas previas a elecciones, en donde los políticos tratan de fidelizar a su clientela. Pero no podemos seguir así, el presupuesto ya no aguanta más, el déficit fiscal es alto, nos estamos endeudando a un ritmo importante”, afirmó.
Señaló que en un estudio realizado anteriormente por el Banco Mundial se reflejaba que las remuneraciones que paga el sector público son mucho más altas de lo que se paga en el sector privado. “Esas situaciones no se pueden ampliar ni sostener, no se pueden ampliar todos los años. Llegamos a excesos muy grandes en la indiscrecionalidad que hay para asignar gratificaciones y pagos adicionales. Las remuneraciones del sector público son el doble que la del sector privado. Hemos abusado mucho ya en los últimos 15 años”, apuntó.
En cuanto a las medidas que se pueden llegar a tomar, Barreto dijo que se requiere un acuerdo político entre todos los partidos políticos. “Si ellos no asumen su responsabilidad, no hay forma de parar esto. En otros países de Latinoamérica se hicieron cosas que llevaron a una incapacidad del Estado de responder a las necesidad de la gente porque todos sus recursos están asignados para pagar una estructura de funcionarios del sector público. Tenemos que evitar llegar a eso, estamos a tiempo, pero vamos por el mismo camino. Si no paramos esto, cambiar nos va a llevar unos 40 años”, alegó.
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