Cuando ya se creía que se iban a imponer criterios de idoneidad e independencia en el nombramiento de nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura ha dado a conocer una terna de candidatos en la que no figuran los considerados como más preparados y en la que todos son afiliados del oficialista Partido Colorado. Igualmente, en las sesiones en las que se decidió conformar la terna no se han cumplido los principios de transparencia exigidos en la legislación. De este modo se produce un lamentable retroceso en el proceso de sanear a un Poder Judicial hasta ahora considerado como sumamente corrupto, ineficaz y servil ante los poderes políticos.
Los nombres de los tres elegidos por el Consejo, entre los cuales el Poder Judicial debe elegir a quien reemplazará a la ministra Miriam Peña, han causado verdadera sorpresa, ya que se esperaba que se siga la línea de los anteriores nombramientos que llevaron a la Corte a profesionales como Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Rolón.
Esta vez, sin embargo, no se designó a los que se consideraba mejor preparados entre los candidatos y los integrantes aparecen con un perfil principalmente político: Gustavo Santander, Delio Vera Navarro y César Diesel Junghanns, especialmente este último, asesor del Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE), a quien se relaciona en forma cercana con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Diesel Junghanns calificó en el lugar número 17° entre los candidatos, pero igual fue incluido en la terna.
Es atendible el reclamo y el malestar de los directivos del Colegio de Abogados del Paraguay, al indicar que la vacancia que se debe cubrir corresponde a la Sala Constitucional, pero sin embargo ninguno de los tres candidatos propuestos es un abogado constitucionalista. Los otros reclamos tienen que ver con que todos pertenecen a un mismo partido, que en coincidencia es el que está en el Gobierno, y entre los nombres escogidos no se incluye a ninguna mujer. Es decir, se trata de una terna totalmente monocolor y monogénero.
También se cuestiona que durante el mecanismo de selección no se cumplieron requisitos legales como el de la transparencia, con transmisión pública y accesible de las sesiones para dar a conocer las fundamentaciones, pero el principal punto es que lo actuado implica un lamentable retroceso en el proceso de sanear a un Poder Judicial hasta ahora considerado como sumamente corrupto, ineficaz y servil ante los poderes políticos.
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