Casi la totalidad de las expropiaciones de tierras realizadas tras invasiones campesinas desembocaron en un fracaso, porque generalmente son impulsadas mediante una situación de caos generada con intereses políticos y no responden a las necesidades reales de la reforma agraria. El claro ejemplo se observa con el caso Antebi Cue, que hoy sigue otorgando rédito a los politiqueros, según el referente agrario de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), abogado Diego Torales.
Nuevas invasiones en Concepción prueban fracaso de expropiaciones bajo presión
La noticia reciente de que un grupo de 300 supuestos labriegos sintierra invadió propiedades de un productor ganadero y parte de la reserva natural privada Tagatiya Mí, en Concepción, ubicada sobre la ruta que va a Vallemí, constituye una situación muy grave y es prueba del fracaso de la reforma agraria, tal como es impulsada desde hace décadas, indicó Torales.
Destacó que el nuevo caso es grave por que según las informaciones que se manejan en el gremio, estaría enmarcado dentro de un presunto plan de aplicar nuevamente el polémico “protocolo Filizzola”, para los desalojos, lo que estaría en línea con el planteamiento hecho por el senador Pedro Santa Cruz. (PDP), que intentó legalizar las invasiones.
El protocolo Filizzola que había sido establecido el 20 de marzo de 2012 y derogado a mediados de setiembre de 2019, tenía nada menos que cuatro fases. Con ese documento se desnaturalizaban las instituciones del Derecho Penal, como la flagrancia y las funciones otorgadas por la ley a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los jueces.
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