La corrupción política acompaña a la humanidad desde que unos hombres adquirieron poder sobre otros. Platón la concebía como la incapacidad del sistema político para alcanzar el interés público, mientras Aristóteles advertía: “El cargo público es el que dará a conocer al hombre”.
Hace más de dos mil años, en la India, ya se habían identificado cuarenta formas de apropiarse fraudulentamente de los recursos del Gobierno. En Roma, el clientelismo permitía a los poderosos dispensar beneficios a cambio de lealtad y sumisión. Cambiaron las sociedades, pero las prácticas subsisten. No en vano, Lord Acton sentenció: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
La corrupción, del latín corruptio, significa descomposición, deterioro, desnaturalización. En política, constituye la perversión del poder público: utilizarlo para satisfacer intereses particulares en detrimento del bienestar colectivo. El soborno, el tráfico de influencias, la malversación, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo y el clientelismo son distintas manifestaciones de una misma degradación moral.
Sin embargo, la corrupción no es solamente una cuestión de valores individuales; es un problema social, estructural, institucional y político. Una sociedad que admira la riqueza sin cuestionar su procedencia, tolera la ostentación del enriquecido ilícitamente y confunde el éxito con la acumulación de dinero contribuye a perpetuarla.
¿Por qué tantos funcionarios mienten, incumplen sus obligaciones, abusan del poder y dilapidan los recursos públicos? Porque hacerlo les resulta prácticamente gratuito. Cuando los controles son ineficaces y las sanciones inexistentes, el sistema termina premiando aquello que debería castigar.
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