Voceros de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cuestionaron los privilegios y la protección que gozan los empresarios del transporte público del Área Metropolitana. Lamentaron que el Gobierno les garantiza la ganancia, ya que lo incluye en su estructura que costos que es subsidiado por el Estado.
El Ministerio de Hacienda evalúa si se mantiene el 18% de la renta empresarial a los empresarios del transporte público, como parte de la revisión de la tarifa técnica que lleva adelante el Gobierno para ajustar los costos que definen el precio del pasaje y del subsidio que se otorga al sector. Con relación al porcentaje, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, había indicado que es un alto porcentaje en comparación con empresas de otros tipos e industrias, y mencionó que en la planilla similar aplicada en Montevideo (Uruguay), la renta establecida es del 5%.
Al respecto, la vicepresidenta de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Sonia Cáceres, mencionó que si el propio economista y extitular de Hacienda consideró que un es porcentaje considerable ese 18%, consideró que es una “monstruosidad” de dinero, y que no se traduce en una optimización de servicios aún cuando históricamente estuvieron recibiendo recursos públicos, incluso por servicios no prestados.
El anuncio de una modificación relevante en el cálculo fue que para definir los ingresos necesarios para cubrir los costos del servicio, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, había indicado que sólo se tendrán en cuenta a los buses operativos, ya no por la flota total declarada, muchos de los cuales están en pésimas condiciones e incluso sin ruedas. En ese entonces, el viceministro de Economía, Ivan Hass, apuntó que este sistema “premia” a aquellos que empresarios ni circulan los buses, al no tener gastos para cumplir con los redondos pero de igual manera cobraban subsidios.
Días después, Sánchez se retractó, y señaló que se analiza incluir los “buses de reserva”, que son aquellos colectivos no circulan, Aún se aguarda la confirmación del Gobierno sobre este punto. De igual manera, queda en evidencia que empresarios del transporte cobraron dinero público por servicios que no fueron prestados. Esta situación fue detectada por Contraloría el año pasado y recomendó realizar las gestiones para recuperar el dinero.
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