Más de una década después de que hayan iniciado los litigios, la Justicia aún no dictaminó acerca de las pretensiones del Estado sobre el inmueble. Mientras tanto, varias familias volvieron a ocupar las tierras.
El problema que originó una ocupación campesina, un operativo policial de desalojo, una masacre y hasta un juicio político, aún no tiene una solución definitiva: ¿A quién pertenece las 1.748 hectáreas conocidas como Marina Cué?
Hasta ahora el debate continúa en estrados judiciales, en procesos que se iniciaron hace más de una década. Paralelamente, el Gobierno y el Grupo Riquelme pretenden seguir adelante con una polémica donación para convertir el terreno en una reserva forestal a cargo del Estado.
Mientras tanto, varias familias volvieron a ocupar la propiedad ubicada en el distrito de Curuguaty, Canindeyú. A metros del lugar donde 11 labriegos y 6 policías murieron el 15 de junio de 2012, ahora se extienden sus cosechas, sus casas de madera, una capilla y hasta una escuelita.
Los campesinos y numerosas organizaciones sociales sostienen que la propiedad es del Estado y fue usucapida ilegalmente por la empresa Campos Morombí, del fallecido político colorado Blas N. Riquelme, con complicidad judicial. En contrapartida, el Grupo Riquelme asegura que las tierras no son aptas para un asentamiento por sus áreas boscosas y deben ser convertidas en una reserva natural.
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