Los “aumentazos” otorgados por el Congreso a funcionarios públicos costarán a los contribuyentes casi US$ 4 millones más al año. El Ejecutivo, que primero criticó la medida, ahora se echó atrás y a través del ministro de Hacienda asumió la responsabilidad por los pedidos y blanqueó el proceso de inclusión en el presupuesto.
Sorpresivamente, el Ejecutivo decidió hacerse cargo de los pedidos de aumentos salariales incluidos en el presupuesto 2019 (según los datos para la clientela política o el “amiguismo”) y liberó al Parlamento de toda culpa en el proceso irregular de aprobación.
El ministro de Hacienda, Benigno López (hermano del Presidente de la República), que antes había calificado la maniobra en el Congreso de “incentivos perversos”, ayer bajó la cabeza y declaró que el Legislativo actuó en el marco de sus atribuciones legales.
López aseguró que, en realidad, los “aumentazos” fueron aprobados a partir de los pedidos que realizaron los propios ministros del Ejecutivo, presidentes de entes y otras autoridades durante el estudio del proyecto de presupuesto.
Dijo que la suba salarial costará entre US$ 3 millones y US$ 4 millones al año, pero que están viendo medidas dentro del Ejecutivo para revertir esta situación.
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