Si hacemos una mirada retrospectiva, tomando los periodos más recientes de nuestra historia, podríamos notar que una de las razones de la injusticia social que vive nuestra nación es la ausencia de un sistema de Justicia decente, acorde con un Estado de derecho, donde debe regir el imperio de la ley. Durante la dictadura de Stroessner, el sistema judicial era directamente un brazo del régimen empleado para perseguir a quienes se oponían con sus ideas a vivir sometidos a su voluntad. Tras la caída de la dictadura, la Constitución de 1992 creó instituciones tendientes a buscar un poder independiente y contralor del respeto de la ley. Pero los sueños de una sociedad más respetada por los ministros de la Corte, jueces y fiscales, se esfumaron muy pronto, pues los grupos mafiosos crearon las condiciones para someter nuevamente a la Justicia. Lo único que cambió fue el verdugo: antes era un dictador, y ahora, son grupos mafiosos que lucran con la Justicia, esa que no tenemos.
Si hacemos una mirada retrospectiva, tomando los periodos más recientes de nuestra historia, podríamos notar que una de las razones de la injusticia social que vive nuestra nación es la ausencia de un sistema de justicia decente, acorde con un Estado de derecho, donde debe regir el imperio de la ley.
Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), el sistema judicial era directamente un brazo del régimen, empleado para perseguir a quienes se oponían con sus ideas a vivir sometidos a la voluntad de un dictador violento. Los ciudadanos que osaban criticar las acciones de la dictadura, o peor aún, realizar actividades políticas, que no consistan en adular al dictador y sus acólitos, eran literalmente perseguidos, tanto por el órgano de represión fáctica –la policía– como por el sistema de justicia. Los que tuvieron la suerte de no ser eliminados físicamente con la desaparición,...
Esta sumisión se construyó a partir de la Constitución del año 1967, según la cual el Presidente de la República nombraba a miembros de la Corte Suprema de Justicia, con acuerdo de la Cámara de Senadores; al fiscal general del Estado, con dictamen del Consejo de Estado (Artículo 189 de la Constitución) y acuerdo de la Cámara de Senadores; y con acuerdo de la Corte, a los miembros de tribunales, jueces y a los demás magistrados del Poder Judicial (jueces de Primera Instancia). Los agentes fiscales y procuradores eran directamente designados por decreto (Art. 180, inciso 8; 211 de la...
De esta manera, el control absoluto era del Presidente de la República, quien lo usaba para someter a su antojo, y de acuerdo a su plan hegemónico, a todos los Poderes del Estado. En el ámbito de la Justicia, jueces y fiscales procesaban y encarcelaban a ciudadanos inocentes, empleando leyes liberticidas como la 294/55 de “Defensa de la democracia”, que, entre otras cosas, obligaba a funcionarios encargados de la persecución penal y policial a delatar a quienes podrían ser “comunistas”, y en caso de no hacerlo, serían sancionados con penas de hasta cinco años de cárcel e inhabilitación. En...
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