Integrantes del clan Fretes realizaron en los últimos tres años llamativas transferencias, en su mayoría en dólares, a su empresa “mimada” Río Salado SA, bajo el motivo de “comercio exterior bienes o servicios”. Los giros que superaron los G. 1.053 millones se realizaron a cuenta habilitada en una financiera de plaza. Los miembros de la “rosca” también aparecen en el mercado de divisas.
Más de G. 1.053 millones le transfirió en los últimos tres años el clan Fretes, cuyo referente es el presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, a la mimada empresa inmobiliaria del grupo Río Salado SA. Lo curioso es que esos giros se hicieron bajo el motivo de “comercio exterior bienes o servicios”. Gran parte de los traspasos fueron en dólares a una cuenta habilitada en una financiera de plaza.
Una de las transferencias por “comercio exterior bienes o servicios” tiene como protagonista a la misma Río Salado. La compañía, que tiene como accionistas a Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano -hijo del ministro Antonio Fretes- y a la abogada Lourdes Beatriz González Gómez, se autogiró de una cuenta en una entidad bancaria a la de una financiera US$ 40.000 dólares (alrededor de G. 280 millones a la cotización de G. 7.000), entre el 6 y 7 de noviembre de 2019.
Río Salado SA está registrada ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) bajo el rubro de actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Sin embargo, no aparece en el listado de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), pese a que ese sector es sujeto de las obligaciones establecidas en las leyes ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), específicamente la Ley Nº 3783/09 modificatoria de la Ley Nº 1015/97.
Más llamativo es que Río Salado efectivamente se dedica al negocio inmobiliario y tiene como principal cliente a la propia Fiscalía General del Estado.
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