El instrumento legal pensado para silenciar toda oposición al régimen cartista en la sociedad civil, instalando un exagerado control sobre las organizaciones sin fines de lucro, podría generar una consecuencia adversa en los emprendimientos económicos, al espantar potenciales inversiones por el hecho de que con la posible vigencia de la ley anti-ONG, se coarta la libertad de asociación con fines lícitos, cuya existencia resulta consustancial al mismo ámbito de la economía empresarial. Dependerá de la Corte De promulgarse la ley por Peña, corresponderá a la Corte Suprema la última palabra para adoptar las medidas cautelares que soliciten centenares o miles de ONG afectadas por la normativa inconstitucional, de tal forma que puedan seguir trabajando sin las trabas que les serán impuestas desde el día de la vigencia del cuestionado documento. Y ni hablar de lo que podría ocurrir en el caso que la Corte avale la arremetida cartista contra las ONG, porque las entidades afectadas podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado paraguayo ya perdió varios casos en los que justamente se pusieron en tela de juicio arbitrarias actuaciones gubernamentales en nuestro país, que iban en contra de la propia Constitución, y que desembocaron en costos enormes para las arcas estatales, debido a los resarcimientos impuestos por los jueces interamericanos a favor de las víctimas de las medidas ilegales. Si de rendir cuentas se trata o para demostrar el origen de los fondos, con el fin de evitar la corrupción o el lavado de dinero, las ONG ya están de sobra supervisadas por el sistema fiscal y financiero del país, por lo que la redundante ley tiene sólo el objetivo de atacar tanto a los directivos como a los aportantes de las entidades civiles sin fines de lucro, entre quienes podrían estar empresarios, a los que se consideraría como eventuales “enemigos políticos”, porque evidentemente la intención primaria del poder cartista es poner a todos en la misma bolsa, incluidos inversionistas y empresarios, quienes notoriamente no van a tolerar el avasallamiento de sus derechos humanos. Afirma la prestigiosa institución que aglutina a los abogados neoyorquinos, que la ley sancionada contra las ONG, en vez de favorecer la transparencia obstaculiza significativamente su trabajo, desalentando la cooperación internacional, con posibles violaciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y privacidad. De allí que la ley puede desalentar las radicaciones de capitales, porque los inversores observarán que la posible ley, en su redacción actual, entraría en conflicto directo con normas internacionales sobre libertad de asociación y expresión, lo que podría significar una potencial fuente de inseguridad jurídica para las inversiones directas tanto nacionales como extranjeras.
La comisión bicameral contra el lavado de dinero es la confirmación de la intención cartista de imponer un enfoque autoritario desde la gestión estatal.
El instrumento legal pensado para silenciar toda oposición al régimen cartista en la sociedad civil, instalando un exagerado control sobre las organizaciones sin fines de lucro, podría generar una consecuencia adversa en los emprendimientos económicos, al espantar potenciales inversiones por el hecho de que con la posible vigencia de la ley anti-ONG, se coarta la libertad de asociación con fines lícitos, cuya existencia resulta consustancial al mismo ámbito de la economía empresarial.
Se halla a consideración del presidente Santiago Peña la promulgación o el veto a la ley anti-ONG, “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Diversas entidades nacionales e internacionales pidieron a Santi que vete el proyecto, por considerar que va de contramano a las garantías constitucionales y afecta el sano desarrollo de las organizaciones civiles, ya que lo que busca no es la transparencia de las ONG sino poner trabas al libre movimiento de recursos financieros y capitales privados destinados a fines de bien...
Pero el proyecto de ley en cuestión supone la razón de ser misma del cartismo, incluida una probable orden proveniente del quincho del poder que ostenta el titular de la ANR, Horacio Cartes, mentor político de Peña, por lo que difícilmente éste desobedezca al Patrón.
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