Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país -y que se convocaron a través de redes sociales-, las autoridades de la isla publicaron el martes una serie de regulaciones que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal.
Pero van un paso más allá: consideran como "incidentes de ciberseguridad" desde ataques de virus y "fallos eléctricos" hasta la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.
Los medios oficiales la han llamado "la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones " y aseguran que buscan ofrecer lo que definen como "una internet ética y buena para la población".
En las redes sociales los cubanos, por su parte, lo han llamado una nueva "ley mordaza", que creen que busca limitar la expresión y coartar su discurso en redes sociales.
Expertos en regulación de internet y organizaciones de derechos humanos han levantado también sus voces ante lo que consideran medidas tendientes a eliminar el debate público.
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