El mayor riesgo para la buena salud del sector eléctrico paraguayo no es técnico ni financiero ni siquiera energético: Es la creciente obsolescencia de su arquitectura institucional organizativa. Paraguay gestiona una de las mayores ventajas electroenergéticas del mundo con un modelo institucional concebido hace más de medio siglo, cuando el sistema eléctrico era ínfimo, con otras tecnologías y otros desafíos. Mientras tanto, la ANDE debe planificar inversiones, proyectar ingresos y diseñar su política tarifaria sin conocer con certeza cuál será el costo futuro de la energía proveniente de Itaipú. Entre la gran reforma y la inacción existe un amplio espacio para avanzar mediante reformas institucionales mínimas, graduales y estratégicas, capaces de fortalecer la gobernanza del sector y generar confianza para atraer la inversión privada que el propio país declara necesitar. Retomar el intento de integración del Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio, vinculando explícitamente la política energética con la política industrial y de inversiones, y asignándole responsabilidades claras en materia de planificación, análisis económico y política tarifaria. La tercera es crear un Consejo Nacional para la Modernización del Sector Energético, presidido políticamente desde la Presidencia de la República y coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio, con participación de la ANDE, las entidades binacionales, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MOPC, el sector privado, las universidades y especialistas independientes. Su función no es administrar ni regular, sino conducir un proceso permanente de modernización institucional, elaborar un Libro Blanco del sector, coordinar estudios técnicos y construir consensos para las reformas futuras.
Cada cierto tiempo el debate energético paraguayo gira alrededor de un nuevo tema. Ayer, fue la revisión del Anexo C de Itaipú; hoy son la criptominería, los centros de datos, la inteligencia artificial, las tarifas para grandes consumidores o el riesgo de un futuro déficit de generación. Todos son asuntos relevantes y merecen atención.
Sin embargo, existe una amenaza mucho más profunda y menos visible, de la que casi no se habla. El mayor riesgo para la buena salud del sector eléctrico paraguayo no es técnico ni financiero ni siquiera energético: Es la creciente obsolescencia de su arquitectura institucional organizativa.
Paraguay gestiona una de las mayores ventajas electroenergéticas del mundo con un modelo institucional concebido hace más de medio siglo, cuando el sistema eléctrico era ínfimo, con otras tecnologías y otros desafíos. La organización del mercado eléctrico paraguayo es totalmente asimétrica con nuestros socios del Mercosur, lo que dificulta la integración.
Un ejemplo elocuente de precariedad es la política tarifaria.
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