Hubo buenos motivos para creer que la victoria de la ANR en las elecciones generales de 2023 implicaría que la jefatura del Estado sea ejercida de hecho por el presidente del partido –y exjefe de Estado– Horacio Cartes. Los acontecimientos ocurridos desde entonces parecen no solo confirmar dicha suposición, sino también indicar una tendencia inquietante al autoritarismo y al control sectario de las instituciones. Y una de las primeras medidas que pueden tomarse hacia este objetivo, qué mejor que acallar expresiones que molestan con sus denuncias. Así las cosas, la ciudadanía debe prepararse para defender, en todas las instancias a su alcance, la institucionalidad y la democracia amenazadas.
La ciudadanía debe prepararse para defender la institucionalidad amenazada
Hubo buenos motivos para creer que la victoria de la ANR en las elecciones generales de 2023 implicaría que la jefatura del Estado sea ejercida de hecho por el presidente del partido –y exjefe de Estado– Horacio Cartes. Los acontecimientos ocurridos desde entonces parecen no solo confirmar dicha suposición, sino también indicar una tendencia inquietante al autoritarismo y al control sectario de las instituciones. Y una de las primeras medidas que pueden tomarse hacia este objetivo, qué mejor que acallar expresiones que molestan con sus denuncias.
En tal sentido, legisladores de la oposición ya venían anticipando que, por una supuesta orden del expresidente de la República, sus seguidores y satélites de otros partidos iban a promover la expulsión del Congreso de la senadora Kattya González (PEN), una de las voces más críticas, lo que se concretó el miércoles en una grotesca sesión extraordinaria, donde se violó el derecho fundamental a la defensa y se pisoteó el reglamento interno del Senado, aprobado apenas en diciembre pasado por la misma mayoría cartista, en ese entonces, al parecer, para blindar al senador Hernán Rivas (ANR,...
La pérdida de investidura de Kattya González se decidió sin que, a primera vista, existieran ninguna de las causales taxativas para el efecto: su incapacidad física o mental no fue declarada por la máxima autoridad judicial, no es funcionaria pública, no integra empresas concesionarias del Estado ni las asesora o representa, ni se ha demostrado que se haya valido de su cargo para lograr algún beneficio indebido. Pero nada de eso importaba. Repetimos, lo que el oficialismo pretendería con el presunto apoyo de exabdistas, de “liberales” cartistas y de tránsfugas de Cruzada Nacional, es...
Leer la nota completa en Diario ABC
