Las autoridades del Ministerio Público y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) hacen la vista gorda a un monumental desmonte de un bosque situado en Lote 7 de Minga Porã. Según los datos, una ciudadana italiana y su hija habrían sido adjudicadas de manera amañada con una gran extensión de tierras por el Instituto […]
Las autoridades del Ministerio Público y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) hacen la vista gorda a un monumental desmonte de un bosque situado en Lote 7 de Minga Porã. Según los datos, una ciudadana italiana y su hija habrían sido adjudicadas de manera amañada con una gran extensión de tierras por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y para utilizar el suelo procedieron a derribar más de 100 hectáreas de árboles nativos, violando totalmente la Ley de Deforestación Cero vigente en nuestro país.
Se trata de una propiedad que, según los datos pertenecería a una ciudadana italiana, identificada como Simona Cavazzutti de Modenesi (66), y su hija Beatrice Modinesi Cavazzutti (34). El inmueble habría sido cedido a esta familia extranjera irregularmente por el INDERT. Cavazzutti es directiva de la Cooperativa Agro Industrial Santa María (COOPASAM), instalada en Minga Porã. Supuestamente, la mujer utiliza su posición dentro de la entidad para derribar especies de árboles nativos, pisoteando la Ley nº 6.676 de Deforestación Cero, que está vigente en nuestro país.
Imágenes satelitales a las que accedió La Clave muestran cómo quedó una gran parcela que era un bosque virgen, pero actualmente está devastada en varios puntos. Maquinarias pesadas trabajan a diario en el desmonte dentro de la propiedad de Cavazzutti, y, pese a varias denuncias en su contra, funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a cargo del ministro Rolando de Barros Barreto, y la unidad de medio ambiente del Ministerio Público, a cargo de la cuestionada agente fiscal Zunilda Ocampos, recientemente declarada inamovible, hacen la vista gorda y permiten el...
Fuentes señalaron que la fiscal del medio ambiente, Zunilda Ocampos, y su asistente Ruth Campuzano, visitan la zona constantemente para realizar presuntas verificaciones, sin embargo, el verdadero objetivo de estas funcionarias públicas sería cobrar una especie de cuota social que habilita a los productores a arrasar con bosques en la zona de Minga Porã.
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