Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, en la imputación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, sostienen que de acuerdo a los “elementos de pruebas colectados”, en la Comuna de Ciudad del Este se conformó un “esquema criminal encabezado por el intendente Miguel Prieto e integrado por funcionarios, directores y particulares”, con el objetivo de desviar dinero de la Municipalidad para beneficio de los miembros de la organización ilícita. El esquema consiste en adjudicaciones a empresas, incluso algunas de fachadas, vinculadas al jefe comunal o personas de su entorno, por la vía de la excepción “pasando por alto normativas en materia de contrataciones públicas”. Esto develaría el “direccionamiento de licitaciones” por parte de Prieto y su primer anillo, sostienen los agentes. La imputación es con relación a la compra de “insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos por pandemia covid-19”, que causó un perjuicio de G. 306 millones.
Los fiscales, sostienen su imputación, en elementos objetivos recolectados por la fiscalía, sumario de Contrataciones Públicas, informe de la Contraloría y un trabajo de la ex Subsecretaría de Estado de Tributación, SET, con relación a la empresa proveedora, sus dueños, los vínculos y su capacidad económica, etcétera.
El caso es idéntico con lo que pasó en Petropar durante la gestión de Patricia Samudio, en la compra de agua tónica durante la pandemia. Es decir, se habría simulado todo el procedimiento para la adjudicación de la compra de productos de la empresa Tajy. Los productos ni siquiera se habrían entregado, según la fiscalía.
A continuación, se transcribe parte de la imputación, que es muy importante que ustedes la lean, para luego sacar sus propias conclusiones, para decir después si hay o no elementos, para que el Ministerio Público, sostenga afirmaciones fuertes contra Prieto.
“Se le atribuye al intendente Miguel Prieto, que habría encabezado un esquema creado para el desvío de recursos municipales a partir del perjuicio patrimonial a la institución, con la promoción de licitaciones públicas cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, dirigido a la obtención de beneficios económicos indebidos”.
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