Medicamentos oncológicos comprados de urgencia, vía excepción o en cumplimiento de amparos judiciales, se encontraron vencidos en la farmacia del Incan, durante la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que arroja datos alarmantes. Las medicinas, por más de G. 5.497 millones, vencieron entre 2022 y 2024; hay un caso de 2019 y otro de 2020.
El informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el dependiente del Ministerio de Salud Pública, contiene en 235 páginas el resultado de la fiscalización que abarcó los periodos comprendidos entre 2022 y 2024, bajo la dirección general de los doctores Julio Rolón Vicioso, Raúl Doria y Jabibi Noguera.
Hasta agosto de 2023, el estudio abarcó el gobierno de Mario Abdo Benítez, siendo ministro de Salud, Julio Borba. Desde el 15 de agosto de ese año, comprende ya el gobierno de Santiago Peña y de su ministra de Salud, María Teresa Barán.
De 45 observaciones, las más graves tienen que ver con la millonaria provisión de medicamentos a servicios de salud privados y al Instituto de Previsión Social (IPS) sin reclamar devolución o reposición de los mismos. Además, el vencimiento de medicinas en los depósitos del Incan.
Esto, mientras durante todo el periodo que abarcó la auditoría, pacientes con cáncer tratados en el Incan, salían a protestar, cerrando incluso las calles, debido a la permanente falta de medicinas para seguir adelante sus tratamientos y mantener al menos una calidad de vida decente.
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