Siempre se ha dicho que los políticos procesados por hechos de corrupción abusan del derecho a la defensa porque se saben culpables. Es así que interponen chicanas sistemáticas para trabar las actuaciones, contando con la tolerancia y la morosidad judiciales, para lograr que se extinga la sanción penal por el paso del tiempo. La obtuvo hace unos días el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, gracias a una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un caso que sirve para ejemplificar las consecuencias desastrosas que también podrían tener, tanto para el erario como para el sentido de justicia de los paraguayos, otros casos similares en los que los jueces se abstuvieron de aplicar las normas del Código Procesal Penal y del Reglamento Disciplinario del Poder Judicial.
Inaceptable complacencia de la Justicia con acusados de corrupción
Siempre se ha dicho que los políticos procesados por hechos de corrupción abusan del derecho a la defensa porque se saben culpables. Es así que interponen chicanas sistemáticas para trabar las actuaciones, contando con la tolerancia y la morosidad judiciales, para lograr que se extinga la sanción penal por el paso del tiempo. La obtuvo hace unos días el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, gracias a una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez y Alberto Martínez Simón, con el...
En abril de 2010, el Ministerio Público había imputado a Soares por el hecho punible de lesión de confianza grave, es decir, por la sobrefacturación de nada menos que 1.224.976.100 guaraníes, cometida en la compra de alimentos, entre ellos los famosos “coquitos de oro”, realizada entre mayo y diciembre de 2009, para asistir a varias comunidades carenciadas. Aunque parezca increíble, el juicio oral y público pudo iniciarse recién en marzo de 2020, debido a los múltiples incidentes que planteó el reo. Condenado en junio a cinco años de prisión por haber infligido al SEN un daño patrimonial de...
Indigna saber que, habiendo sido declarado culpable en dos instancias, vaya a librarse campantemente de toda responsabilidad penal y civil por el simple transcurso del tiempo. Lo antedicho vale también para el coacusado Alfredo Guachiré, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN, condenado a 3 años y 9 meses de prisión.
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