Hasta un dictamen de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), firmada por su asesor jurídico, confirma que la “regularización” de tragamonedas que decidió la Conajzar, vía resolución, es ilegal. Lo contradictorio es que el representante de Opaci ante dicha Comisión, hermano del diputado colorado “Bachi” Núñez, apoyó la criticada decisión y el organismo nada hizo al respecto.
El asesor jurídico de Opaci, abogado Héctor Ramírez, analizó el nuevo proyecto de ley que busca regular la explotación de tragamonedas en el país, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes de caer en la ludopatía. La iniciativa tiene media sanción del Senado y se encuentra en análisis en varias comisiones de la Cámara Baja. Precisamente, el análisis fue a pedido de la Comisión Nacional de Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves de la Cámara de Diputados, presidida por Tito Ibarrola.
En su Dictamen N° 31/2021, Ramírez explica que no acompaña el citado proyecto de ley. También aprovecha para cuestionar a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuyo titular es José Antonio Ortiz Báez, por su Resolución N° 34/2020, con la que autorizó la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por ley, como despensas, bares, bodegas y otros lugares de libre acceso.
El abogado precisó que con dicha resolución, la Comisión “se autoatribuye” la potestad de habilitar la explotación de las máquinas en una supuesta “nueva modalidad” y lo que hace es simplemente permitir que los aparatos se usen en sitios no previstos en la Ley N° 1.016/97 de Juegos de Azar, ya que el artículo 23 de la ley establece que la autorización de los locales de juegos de azar es exclusividad de las municipalidades y entre ellos no se encuentran las despensas, bodegas y afines. En el derecho público, lo que no está expresamente permitido, está prohibido.
No obstante, el objeto principal del análisis del asesor de Opaci fue el proyecto de ley de tragamonedas, sobre el cual señaló: “Si bien el objetivo de la ley es sumamente loable y adherimos plenamente, sin embargo lo que pretende regular es materia de la ordenanza municipal y no de la ley”. Destaca que se repiten conceptos ya previstos en la Ley N° 1016, por lo que son innecesarios y se prevén sanciones “imprecisas y contradictorias” a las que establece la ley, razones por las que considera inviable la nueva iniciativa parlamentaria.
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