El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, no investiga a su representante ante Conajzar y titular de este ente, José Ortíz, a pesar de las denuncias de serias irregularidades en su gestión. La cartera alega que dicha institución tiene “autonomía funcional” y que por eso no interviene, sin embargo, en 2010, el entonces ministro Dionisio Borda abrió un sumario a Cristhiant Vera, titular de la reguladora de juegos de azar en la época.
En reiteradas ocasiones se intentó conversar con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para conocer las medidas a tomar con relación al representante de la institución y presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, y hasta el momento se mantiene al margen y no hay reporte de que lo haya investigado a profundidad. Al principio de este mes, en conferencia de prensa, anunció que pidió informes referente a las denuncias de irregularidades en la gestión y brindará una opinión al respecto al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Hacienda se respalda en varios dictámenes de Abogacía del Tesoro que sostienen que la Conajzar cuenta con “autonomía funcional”. Uno de ellos es el N° 303, en el que respondió a Conajzar cuando ésta le preguntó si podía reducir el canon a concesionarias; otro estuvo dirigido a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), N° 569, en la que concluyó por “términos lógicos y jurídicos que el Ministerio de Hacienda no se constituye superior jerárquico de la comisión”, por lo que “carece de potestad disciplinaria para imponer sanciones a los miembros de la citada comisión en caso de violaciones...
Sin embargo, la misma institución, en 2010, dirigida entonces por Dionisio Borda, mediante Resolución N°32, dispuso la “instrucción de sumario administrativo a Cristhiant Vera Vázquez, funcionario de la Comisión Nacional de Juegos de Azar de este ministerio”. Mediante el Portal de Acceso a la Información Pública (AIP), exp. N° 44578, se solicitó el resultado de la citada investigación y se supo que no se ejecutó pero solo debido a que el afectado renunció al cargo.
Borda se basó en lo que establece la Ley N° 1.626 de la Función Pública para la apertura del sumario. Conforme se describe en la resolución que firmó, se menciona las obligaciones de los funcionarios (Art. 57) y en caso de violaciones (Art. 68), están entre las consideradas como “faltas graves” la malversación, retención o desvío de bienes públicos y comisión de hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y las funciones del Estado, los cuales eran “faltas imputadas al funcionario y que de comprobarse, lo haría pasible de medidas disciplinarias previstas en el artículo...
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