La convocatoria del Ministerio de Salud fue para adultos mayores de 85 años y más. No había dudas ni confusiones en el mensaje. Uno de los privilegiados fue nada menos que el decano de Derecho de la Universidad Privada del Este, Lulio Gamarra. “Me aproveché de la situación para vacunarme. Tengo 67 años. Me llamaron, fui y no había mucha gente. Pensé que habilitaron ya para otras edades”, chicaneó el ex fiscal con pasmoso cinismo. Y así como él, un centenar de personas descaradas, carentes de empatía se apropiaron de las vacunas destinadas a la franja más vulnerable de la población.
Esto sucedió y volverá a suceder. Con la politizada salud pública, donde las autoridades sanitarias responden más a los caciques políticos que a la gente, lo de Alto Paraná es el vaticinio de futuros episodios, en el contexto terrorífico de la escasez mundial de las vacunas. Lo que sucedió no fue un accidente, una desagradable anécdota, sino la consecuencia de sistema de exclusión y privilegios de un Estado capturado y ausente de décadas.
BINACIONALES PRIVATIZADAS. Otro tema definido en la semana por los diputados fue el rechazo y posterior envío al archivo del proyecto de ley que pretendía redireccionar la utilización de los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá (unos 150 millones de dólares) a la compra de insumos médicos, alegando cuestiones constitucionales para rechazar la propuesta que perdió por apenas un voto: 35 contra 34.
Ningún gobierno hasta hoy quiso transparentar los fondos sociales porque es la caja negra para sus objetivos políticos y electorales. Desde su creación, los directores de Itaipú y Yacyretá deciden, junto a los caciques políticos de turno, hacia dónde irán los beneficios, sin la participación de las instituciones del Estado y menos aún de los organismos de control.
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