Los fiscales que llevan adelante la investigación del acta entreguista de Itaipú que pretendía vender energía eléctrica al Brasil, en detrimento del Paraguay, avanza a pasos lentos y al parecer el Ministerio Público no estaría encontrando la figura jurídica para imputar a los envueltos en este caso. Hasta ahora se tomaron cuatro declaraciones, incluida la del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y próximamente lo hará el vicepresidente Hugo Velázquez.
La crisis que se desató con la renuncia del presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, quien denunció que le quisieron hacer firmar un acta bilateral referido a la venta de energía de la central binacional de Itaipú que iba a generar un pérdida de unos 300 millones de dólares al Paraguay, hizo que el Ministerio Público designe a los fiscales Marcelo Pecci, Sussy Riquelme y Liliana Alcaraz para que investiguen lo ocurrido.
Paralelamente a esto, se presentaron dos denuncias en sede fiscal. La primera fue la del abogado Tadeo Ávalos y la segunda fue del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); y en ambas se pedía que se investiguen los supuestos hechos punibles de traición a la Patria y lesión de confianza contra el ahora excanciller Luis Alberto Castiglioni; el expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; el exembajador paraguayo ante Brasil Hugo Saguier Caballero y el ahora exdirector paraguayo de Itaipú José Alderete.
Si bien se conformó el equipo de investigadores para llevar adelante las pesquisas, a más de una semana de los hechos poco o nada es lo que se avanzó.
El mismo ingeniero Pedro Ferreira denunció que los fiscales están retardando todo y dando tiempo a los implicados en el acta entreguista para borrar evidencias.
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