La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, está investigando un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, luego de que la Contraloría haya reportado indicios de hechos punibles en la ejecución de la última parte de los bonos soberanos en la empresa estatal.
La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, abrió una carpeta fiscal luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya informado al Ministerio Público, en mayo último, sobre indicios de hechos punibles que detectó en examen que hizo en la
Concretamente, el ente contralor detectó un posible perjuicio patrimonial por G. 2.173 millones en la cementera pública, en el marco del contrato para “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se realizó en el año 2021, durante la administración de Ernesto Benítez.
Para ejecutar esta tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre de 2020. A este monto sumaron G. 1.002 millones más, a través de la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó en G. 9.379 millones.
Con este contrato debieron “completar” las inversiones hechas con los recursos provenientes de la colación de los bonos soberanos por parte del Estado en la cementera pública, según la fiscalía; es decir, la última parte de los US$ 80 millones que recibió la cementera para “mejorar” su fábrica durante el Gobierno de Horacio Cartes, que se “completó” bajo la actual administración.
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