Una comitiva fiscal con apoyo de funcionarios de la SET encabezó ayer el allanamiento de la sede de la Fundación CIAP, en Asunción. El operativo, que incluyó otros dos estudios contables, se realizó luego de más de un mes de las primeras denuncias de clonación de facturas para rendir G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia transferidos a la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (ANR, cartista).
Fiscalía aparece un mes después y presionada por cúmulo de pruebas
Tres allanamientos simultáneos realizaron ayer los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en el marco de la denuncia por falsificación de facturas para justificar G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) transferidos a la Gobernación de Central, administrada por el colorado cartista Hugo Javier González. El dinero entregado por el Poder Ejecutivo forma parte del fondo de emergencia por covid-19 y su finalidad era la reactivación económica.
La institución departamental, para cumplir con esa finalidad, no tuvo mejor idea que transferir G. 5.105 millones de esos recursos al Centro Integral de Atención Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, y G. 1.276 millones al Centro Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera. Ambas entidades presentaron en mayo pasado su rendición de cuentas a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de los fondos.
Luego de la publicación en junio último de los documentos en el sistema de control de la CGR pudo detectarse que la ONG CIAP y el consejo regional presentaron facturas aparentemente apócrifas y de empresas fantasmas para justificar el uso de los millonarios recursos. El escándalo hizo que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) comenzaran una investigación.
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