Más de un mes después de que el director de Itaipú, Manuel María Cáceres, recurriera a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para evitar
Esta acción de la hidroeléctrica se suma a la decisión del juez Édgar Rivas, quien también decidió derivar a la Corte una denuncia formulada por la CGR, a fin de que la Sala Constitucional aclare de una vez la situación diciendo si se pueden o no auditar los fondos sociales de las 2 binacionales.
Si bien es cierto que no existe plazo para que la Corte se expida en un caso como este, la situación sanitaria y el tradicional y conocido despilfarro que han hecho históricamente los administradores nacionales de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá podría ser suficiente motivación para que los ministros César Diesel, Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes tuvieran algo de entusiasmo para sentar postura de una vez por todas sobre la pertinencia de que el órgano contralor nacional pudiera meter las narices en el manejo discrecional de los fondos sociales.
Sobre el mismo tema, esta semana el Ejecutivo deberá decidir si promulga o veta la ley “que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá”.
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